Después de cinco décadas de segregación racial y frente a los evidentes fracasos del apartheid para reformarse y dar respuesta no sólo al abrumador reclamo social de la mayoría negra oprimida sino también a la presión diplomática y económica de la comunidad internacional, el presidente De Klerk se presentaba el 2 de febrero de 1990 en el Parlamento y anunciaba el inicio del fin del régimen racista. Pocos días después Nelson Mandela era liberado de la cárcel, se legalizaban los movimientos de oposición y comenzaba un largo período de negociación al interior de la sociedad sudafricana para sentar las bases del nuevo Estado. Sin embargo, lejos de ponerle fin a las violaciones de derechos humanos esta etapa estaría marcada por un recrudecimiento de la violencia, tanto de las organizaciones radicalizadas en oposición al régimen como, principalmente, de las fuerzas represivas legales y de grupos parapoliciales que operaban bajo la anuencia y colaboración del Estado. El saldo de estos años elevaría a más de tres mil las víctimas fatales.

En esta coyuntura, los movimientos de liberación exigían justicia contra el apartheid siguiendo el precedente de los Juicios de Nüremberg, la eliminación de las leyes de segregación, un Estado unitario con una economía mixta y la liberación de presos políticos. Por su parte, los todavía miembros del Gobierno apelaban a un sistema federal que preservara el derecho a veto de la elite blanca, una economía liberal, y una política del olvido: el New Start de De Klerk. El choque de fuerzas hacía inviable ambos modelos y se imponía la transición pactada. Las negociaciones entre el oficialista Partido Nacional (PN) y el Congreso Nacional Africano (CNA) liderado por Mandela se extendieron casi cuatro años. Bajo ellas subyacía el hecho de que el 85% de la población, marginada y condenada a vivir en la miseria, pasaría a llevar las riendas políticas al incorporarse en un sistema democrático con plenos derechos civiles e igualdad jurídica. Simultáneamente, la minoría blanca que renunciaba a esta supremacía política pretendía conservar el poder económico, la propiedad de las tierras y la injerencia sobre las empresas y grandes capitales.

Verdad y Reconciliación en las bases del nuevo Estado

Ya desde el inicio de las negociaciones, el PN intentó imponer un marco que garantizara la impunidad a los responsables de la violencia del Estado. De esta forma, hacia diciembre de 1993 se aprobó la Constitución interina, cuya cláusula final estableció la amnistía como condición necesaria para la reconciliación y reconstrucción del país. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (CVR) surgió entonces como una solución de compromiso y un complemento necesario a la Constitución interina. Con la victoria electoral de Mandela empezaría un intenso debate público y político que concluyó con la creación del Acta de Promoción de la Unidad Nacional y Reconciliación en 1995, que regulaba la CVR sudafricana.

Efectivamente, la Comisión presidida por el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, fue una de las claves de la transición sudafricana, pero no es más que el resultado de una voluntad política de reconciliación y un largo proceso de negociaciones iniciado aquel febrero de 1990. Como señala Richard Wilson¹, más allá del horizonte legal contenido en la CVR a la hora de examinar casos y delinear responsabilidades, perdones y reparaciones, también fue de suma importancia como elemento legitimador del orden político y social naciente, en tanto el nuevo Estado se distanciaba del pasado traumático a través de la idea de una reconciliación basada no en el olvido, sino en la verdad.

Con el marco legal pautado, quedó claro que el instrumento escogido para interpretar el pasado solo juzgaría los hechos extremos cometidos por el régimen anterior, sin abarcar el paradigma social e institucional que cristalizó la normalidad del apartheid. Los grandes hechos de violaciones a los derechos humanos con motivos políticos serían amnistiados a cambio de la verdad y la explicación completa y pública de tales atrocidades. Frente al asombro de muchos, la Comisión equiparaba la responsabilidad estatal del régimen con los delitos de aquellos grupos civiles que lo habían combatido. A su vez, la CVR estaba obligada a dar cuenta del contexto en que estas grandes violaciones se habían producido, así como también a ofrecer un espacio a las víctimas para su rehabilitación y reparación, y a hacer recomendaciones tendientes a prevenir la repetición de las violaciones descritas. En definitiva, en el transcurso de los dos años que duraría su mandato, la Comisión debía conseguir la mutua aceptación y reconciliación entre los pueblos sudafricanos.

Fundamentalmente contaba con dos alicientes para promover el testimonio de los involucrados: la amnistía para los responsables de ofensas y las reparaciones para las víctimas. La amnistía se otorgaba a cambio de una exposición completa de los hechos y la constatación de la veracidad de la información declarada. Si bien las amnistías concedidas fueron muy discutidas por la mayor parte de las víctimas, en general se concedieron con bastante celeridad. La exposición pública de las ofensas era la principal condena, y aún así en la mayoría de casos la reinserción a la sociedad atrajo para los perpetradores escaso costo social. En contrapartida, las retribuciones a las víctimas han sido comparativamente inferiores. Es cierto sin embargo, que las visitas públicas sin precedente realizadas por la Comisión ofrecieron una verdad expuesta a modo de catarsis colectiva que significó un reparo para las víctimas. Aún así, ante la insuficiencia de este proceso ya desde 1995 la sociedad comenzó a organizarse en torno a grupos religiosos y civiles para ejercer presión sobre la CVR y los órganos políticos con el fin de crear un cuerpo representativo de víctimas con voz única. Con respecto a las reparaciones, sólo las más urgentes han llegado -y con retraso- a modo de indemnizaciones económicas mediante un pago único. Hacia finales de la década, el Gobierno afirmaba que las retribuciones a las víctimas deberían cristalizarse en la redistribución económica, la reconstrucción y el desarrollo del país que estaba en marcha. Como había señalado Mandela, se priorizarían los estrategias de reparación simbólica para dedicar los esfuerzos monetarios a aspectos “más productivos”. Sin embargo, entrado el siglo XXI muchas de las instituciones responsables de implementar el régimen del apartheid permanecen intactas, y la matriz económica en poco se ha modificado para combatir la desigualdad y el privilegio de la elite blanca.

Alcances y límites de la “Reconciliación sudafricana”

En números, la CVR² ha visto pasar más de 20.000 víctimas y más de 7.000 responsables de violaciones de derechos humanos como exponentes del sistema legal, militar, industrial, sanitario y educativo del país. Durante dos años y medio, la Comisión trabajó con el objetivo de poner al descubierto las miserias del apartheid, pero al mismo tiempo dar lugar a un proceso de cohesión social. El informe final de sus investigaciones fue presentado públicamente y puesto a disposición de los ciudadanos. También operó como un complemento legitimador de la Constitución que incorporaba al texto jurídico y teórico de ésta, el inapelable valor probatorio de la experiencia condensada en los casos recopilados.

Actualmente, el caso sudafricano es frecuentemente referenciado dentro del campo de la justicia transicional por académicos y diplomáticos de todo el mundo. Sin embargo, al interior de Sudáfrica sus alcances son aún insuficientes. Miles de víctimas continúan exigiendo justicia y reparación, tanto material como simbólica y psicológica por el incalculable daño ocasionado y las consecuencias del trauma social. A su vez, uno de los grandes interrogantes que se desprenden del análisis de este proceso radica en las tensiones existentes entre el reclamo de justicia de las víctimas y la -acaso- necesaria cesión en ese terreno para obtener la verdad y el testimonio de parte de los victimarios. Sudáfrica ha sido exitosa en la reconstrucción de un Estado pluriétnico, multilingüístico, con una variedad de creencias religiosas, y una de las economías más pujantes del continente. Pero la verdadera superación del apartheid llegará no sólo al sentar las bases para su condena ética y jurídica, sino también cuando estén en marcha los procesos de integración económica que puedan por fin eliminar todo resabio de la desigualdad étnica y racial.